Cierre del ejercicio sin rueda de prensa

El Govern del Pacte despidió el 2018 como la segunda autonomía que más tardó en pagar a sus proveedores, con un retraso medio de 49,38 días. Según los datos del Ministerio de Hacienda, no de la oposición, sólo una comunidad autónoma precedió a Balears: Cantabria, presidida por el locuaz e inefable Miguel Ángel Revilla.

Las demoras se han acentuado, de manera que el Govern acabó mayo con otra cifra récord al retrasarse más en el pago de las facturas, con una media de 51,26 días, cifra que no se había alcanzado desde hace tres años -octubre de 2016- cuando se llegó a los 59,93 días en el plazo de dilaciones.

La Tesorería de la Comunidad Autónoma no está para ninguna alegría, como se desprende de la orden que, por sorpresa y sin ningún aviso previo, publicó el sábado la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, en esta sosa publicación que da gran poder político a quien la gestiona: el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), de lectura obligada para quienes desean ir más allá de las ruedas de prensa-florero en las que se apretujan los políticos y miran con arrobo a los fotógrafos.

La consellera Sánchez Grau, mano derecha de la presidenta Armengol aunque el podemita Juan Pedro Yllanes sea el vicepresidenta del Govern, ordena el cierre inmediato de cualquier contratación en las consellerias del Ejecutivo autonómico. La decisión implica que se impide a los consellers contratar hasta el próximo. Esta medida se solía aplicar a principios de noviembre, pero este año, sin que se haya dado ninguna explicación pública, se ha adelantado un mes. Se exceptúan únicamente los gastos destinados a servicios básicos de salud, servicios sociales y educación.

La orden Rosario Sánchez que adelanta el cierre del ejercicio presupuestario provoca una enorme incertidumbre en todo el Govern, por el riesgo de facturas sin pagar y contrataciones que quedarán bloqueadas.

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