Fraccionamiento de contratos

El debate político ha dado paso a otro ámbito de responsabilidades, más arriesgado, tras la difusión del “Informe conjunt de Secretaria i Intervenció” sobre la adjudicación del dispositivo de seguridad (informadores) para las fiestas de Sant Joan, firmado el 16 de junio de 2017 por la secretaria y la interventora del Ayuntamiento de Ciutadella, Caterina Barceló Martí y Elvira Capó García respectivamente.

El PP-Ciutadella ha dado a conocer este informe, hasta ahora desconocido, al quedar desierto el concurso para contratar los agentes de seguridad privada que han de intervenir en las fiestas de este año. La licitación se publicó tarde -el 3 de mayo- y sin margen para una nueva convocatoria. No queda otra opción que las adjudicaciones directas, como ya se hizo el año pasado, con fraccionamiento de contratos.

Susana Mora, Marc Pons y el informe putativo. En marzo de 2017 Luis Corral participó en la presentación de la nueva ley urbanística de Balears. A Corral se la atribuye la autoría del informe cuya conclusión fue que era inviable la zona escolar para el nuevo centro de salud de Alaior. Ahora es viable.

Las rectas funcionarias Barceló y Capó concluyen (informe conjunto sobre los cuatro expedientes para los informadores del 2017) que “la Ley de Contratos del Sector Público prohibe el fraccionamiento del objeto del contrato”, “hay fraccionamiento cuando se contratan de manera separada mediante expedientes independientes” y “en consecuencia, en el caso de los expedientes objeto de este informe, estamos ante un caso de fraccionamiento del objeto del contrato”. Ante estas advertencias, ¿incurrirá el gobierno municipal en nuevos incumplimientos de la Ley de Contratos?, ¿qué responsabilidades asume quien los tramita, firma y adjudica, sea funcionario o político?, ¿a qué sanciones se expone? Terreno proceloso, que conduce hacia la Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas.

Vayamos más lejos: ¿por qué no se actuó con más previsión y se publicó la licitación en febrero? Y, sobre todo, ¿por qué Antonio Bádenas, gerente de Control Steward, no se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento de Ciutadella?, ¿o espera, al quedar desierto, cobrar más por el mismo servicio, ahora que el tiempo apremia?, con sobrecostes que ya han denunciado Juana Mari Torres y Joan Benejam. Como diría el gran Joan Pla, ¿todo esto quién lo paga? Políticamente porque económicamente va a cargo de los ciudadanos-contribuyentes-sujetos pasivos.

Es Mercadal/Alaior
Publicó Alfons Méndez en este papel, 21 de noviembre de 2017 “El clavegueram d un camí i les lleis irracionals” que el proyecto de la nueva escuela de Es Mercadal, demandado desde hace años por padres y profesores, estaba paralizado “porque, para calificar la zona, el Consell insular pide una modificación de planeamiento, como si se urbanizara una calle, lo que provoca situaciones cómicas, como requerir un estudio económico, cuya única conclusión consistirá en que la corporación tendrá que destinar recursos a mantener las infraestructuras sin ningún recurso”. Añadió Méndez que “los promotores privados también se encuentran con obstáculo de esta naturaleza, que eternizan su aprobación por cuestiones formales de escasa entidad”.

Mediante el Decreto 1/2018 y la declaración de interés autonómico para el proyecto se solucionó un problema nada menos que de planeamiento urbanístico y se dio rápida luz verde a la escuela de Es Mercadal.

En cambio, se niega la aplicación de esta misma fórmula para el nuevo centro de salud de Alaior, que el Ayuntamiento quiere construir en la zona escolar (Es Pouet) siendo rechazada mediante un uso torticero de informes contradictorios.

¿No hay problema para aplicar el decreto del Govern que permite eludir trámites para la escuela de Es Mercadal porque el alcalde Francesc Ametller es del PSOE, y, en cambio, se niega para el centro de salud de Alaior porque la alcaldesa Misericordia Sugrañes es del PP? En el Ayuntamiento de Alaior aún no ha tenido entrada el informe putativo (*), atribuido al director general de Ordenación del Territorio, Luis Corral, quien en marzo consideró inviable el centro de salud en la zona escolar, pero ahora es posible, según otro informe del Govern.

(*) Putativo: adjetivo. Que es considerado como propio o legítimo sin serlo. Etimología, latín: puto (verbo).

Pregunta sin respuesta
Desacuerdo político entre el Govern del Pacte y el Consell de Menorca al exigir la consellera Catalina Cladera (PSOE) la devolución de ocho millones de euros y negar el pago de otros 8,5 millones.

Son las bestretes , anticipos de las cantidades que aporta el Govern a los consells. En total, 16,5 millones de euros en el aire.

Sostiene Cladera que realiza una “aplicación estrictamente técnica” de la Ley de Financiación de Consells, aprobada por el PP en la anterior legislatura, mientras Cristina Gómez desliza que el conseller y el director general de Presupuestos eran ibicencos… .

Criterios técnicos y debate de naturaleza política. El expresidente Santiago Tadeo acusa al Govern del Pacte de dañar a Menorca al “inventarse una metodología perjudicial para el Consell menorquín, que aplica de forma unilateral y sin consenso”. Dijo Cladera, alegre, que “el Govern ha de fijar una metodología y después calcular una liquidación que se está elaborando”. Entonces preguntó Tadeo “si no había ninguna metodología establecida, ¿por qué aplican esta y no otra?”. La consellera no respondió. Esperemos que ahora conteste a Susana Mora y a Cristina Gómez.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Cuándo desatascará el Consell la tramitación y emisión de cédulas de habitabilidad?

¿Por qué se retrasa la puesta en marcha de la comisión para la educación 0-3 años y con cuánta demora se presentará el informe de conclusiones?

¿Lograrán ponerse de acuerdo Govern y Consell sobre la reclamación de las bestretes que afecta a 16,5 millones del presupuesto insular?

¿Quiénes son los promotores de una nueva página web en Menorca en catalán?

¿Por qué son tan contradictorias las valoraciones de Jeroni Galmés (UIB) y Miguel Clüsener (Unesco) sobre la Reserva de la Biosfera de Menorca?

 

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