“Amarres taller” en el puerto de Maó

El concurso público para la gestión de puestos de amarre y taller en el puerto de Maó da respuesta a la necesidad de ordenar y legalizar un gran número de puntos de atraque de embarcaciones de pequeña eslora situados en la ribera sur. No pretende “generar una oferta de amarres completamente nueva”, explican los firmantes de las bases de esta convocatoria: Juan Carlos Plaza, director de Autoritat Portuària de Balears, Fernando Berenguer, jefe del área de gestión y Armando Parada, jefe del departamento de explotación.

El impulso de este concurso, tan necesario como oportuno, corresponde al presidente del ente gestor de los puertos del Estado en Balears, Joan Gual de Torrella, que conoce desde hace años el puerto de Maó -es un experto navegante- y los entresijos de la Autoritat Portuària de Balears, porque fue cocinero antes que fraile primero consejero y después presidente. Es un hombre íntegro, al que no le ha temblado el pulso cuando, en su trayectoria personal profesional, ha tenido que adoptar decisiones relevantes. Sabe Gual de Torrella que hay muchos intereses creados y prácticas consentidas en la gestión de estos amarres-taller, lo que ha provocado la ocupación de facto de estos espacios públicos por parte de determinadas empresas, lo que ha implicado su privatización en la práctica.

También lo saben Jesús Fernández-Reyes, que lidió con la incomprensión durante su etapa al frente de Autoritat Portuària en Menorca, y Vicent Fullana, su sucesor. La decisión de no prorrogar las autorizaciones en los pantalanes flotantes y no renovar la prestación en gestión directa a un importante número de amarres en el muelle de poniente provoca el rechazo de quienes, hasta ahora y durante años, se han beneficiado de una dulce alegalidad. El Ayuntamiento de Maó y las instituciones menorquinas han de avalar los criterios de racionalidad y de sentido común de APB para evitar que vuelvan a ganar los de siempre.

 

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