Las cuestiones que no se debatieron

La ‘nota de premsa’ difundida por el Consell al término de la reunión celebrada el jueves, en el Ayuntamiento de Sant Lluís, por la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, antes Junta de Alcaldes. elude los dos temas que causaron más interés y debate entre los munícipes. Aséptica y redactada con frío lenguaje administrativo no menciona ni la preocupación de los alcaldes menorquines por el reparto de los fondos de la ecotasa ni la preocupación que suscita en sus respectivos ayuntamientos la derogación parcial (?) de la Norma Territorial Transitoria.

LAS DOS VICEPRESIDENTAS, CARA A CARA. La reunión de la Junta de Alcaldes celebrada el jueves -a la que no asistió el primer edil de Es Migjorn- nos permite conocer cuál es el puesto que la vicepresidenta primera del Consell asigna a la vicepresidenta segunda, sentada en posición de equilibrio inestable y con cara de supino cabreo.

Ambas cuestiones fueron planteadas por la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, que encontró el apoyo y la comprensión de otros primeros ediles, interesados, lógicamente, en la repercusión que tendrán para sus respectivos municipios. Pero la vicepresidenta primera, Maite Salord, echó balones fuera al señalar que estos «temas políticos» no figuraban en el orden del día. Los alcaldes de Menorca, que se quedaron sin el ‘dret a decidir’, están muy escaldados después de haber sido presionados, el año pasado, para presentar proyectos al Govern con la promesa de obtener fondos con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible. Los técnicos municipales tuvieron que hacer horas extras para cumplir los plazos exigidos.

Al final, no fue aceptado ningún proyecto de los ayuntamientos menorquines, con la circunstancia -aún no aclarada- de que diez de los cuarenta millones recaudados con la ecotasa de 2016 quedaron sin distribuir. Todo apunta a que han ido a gasto corriente.

Más lentejas a pagar
Desoye el Consell las advertencias sobre los impactos, repercusiones y consecuencias de la derogación de la Norma Territorial, que además de preocupar a los alcaldes al afectar -léase impedir- proyectos e inversiones en marcha, está causando desazón y malestar en organizaciones profesionales. Son los agentes económicos y los empresarios que asumen riesgos y responsabilidades -financieras, fiscales, laborales y mercantiles- quienes impulsan la economía.

Corresponde a las adminisstraciones fijar las reglas de juego, fijar marcos estables y garantizar tanto la seguridad como la eficacia jurídica. Los vaivenes y bandazos normativos generan incertidumbre y ocasionan la huída de los inversores y los empresarios. Sin ellos no hay actividad económica. No se trata de augurar «cataclismos catastróficos», pero ya sabemos los menorquines quienes hemos acabado pagando el coste de sentencias como la del ‘caso Cesgarden’ y otros asuntos similares. Con la derogación de la Norma Territorial se repite la historia, a mayor provecho de procuradores y de los bufetes de abogados expertos en Derecho Urbanístico y Administrativo, que ya preparan sus demandas y más carga de trabajo para la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears. La que preside el magistrado menorquín Gabriel Fiol que condenó al Consell de Menorca por las costosas lentejas de Cesgarden.

Los núcleos rurales
Alarma a los alcaldes la supresión del artículo 32 de la Norma Territorial, que posibilitaba la regularización de los núcleos rurales consolidados. Mientras hay quienes están recibiendo multas de 8.500 euros/mes pero no pueden legalizar sus construcciones en estos núcleos porque debe aprobarse un plan especial. El artículo 32 obligaba a los ayuntamientos a redactarlo a partir de enero de este año, y al Consell, a partir de enero del 2018. Con su derogación se elimina esta obligación legal y se vuelve a dejar a los propietarios como hasta ahora, al albur, en un bucle ruinoso y sin salida. Quede claro que fue Mateu Martínez quien registró una instancia en la que pidió ser relevado, por razones de salud, como asesor jurídico de la Presidencia del Consell.

Exigencias lingüísticas
Mae de la Concha (Gijón, 1954) releva a Alberto Jarabo en la secretaría general de Podemos Balears, desbancando a la crítica Laura Camargo, que partía como favorita. Gana el aparato del partido.

De la Concha vino a Menorca en 1980. Se instaló en Ciutadella, donde regentó La Torre de Papel. Se incorporó a Podemos y en 2005 fue elegida diputada por Balears, pero tuvo que ceder el primer puesto al juez Juan Pedro Yllanes. Porque a pesar de ganar Mae las primarias, Pablo Iglesias impuso al juez mediático. La candorosa de la Concha no protestó. Reelegida diputada en junio de 2016 confiesa: «Si fuéramos una pizzería, sería el chico de la moto». Hoy conduce la moto de Podemos en Balears y circula por las rutas que marca Iglesias en un sidecar con Jarabo como pasajero. Su lema es «o gobiernas o solo recoges miguitas». Armengol ya sabe que no sufrirá con la asturiana-menorquina, la cara amable de Podemos en Balears.

 

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Lograrán Maite Salord e Isaac Olives convencer a Air Nostrum para que cubra la ruta invernal con Londres tras la quiebra de Monarch?

¿Por qué la Conselleria de Medi Ambient aún no ha empezado a limpiar los torrentes, con un retraso de tres meses?

¿Cuándo piensa actuar el Consorci de Residus de Menorca para eliminar los 76 vertederos incontrolados detectados en toda la Isla?

¿Cuándo cubrirá el Govern las plazas de fisioterapia educativa para alumnos menorquines, demandadas por sus padres?

¿Por qué incumplen Ara Maó y PSOE el compromiso de impedir la apertura de los ‘súpers’ en los domingos de invierno?

Leave a Reply