Archive for octubre, 2017

El laberinto del elefante

Martes, octubre 31st, 2017

El laberinto del elefante al que Puigdemont y Junqueras han llevado a Catalunya acumula los ‘días D’ mientras prosigue, imparable, la deslocalización de empresas que están trasladando su sede social, y en algunos casos la fiscal, fuera del territorio catalán.

Para ayer estaba convocado un encuentro del Cercle d’Economia de Menorca con el presidente del Cercle d’Economia de Barcelona, Juan José Brugera, presidente de la inmobiliaria Colonial, pero fue cancelado por el incendio social, político y económico que ha creado el proceso independentista promovido por el gobierno de la Generalitat.

Hoy finaliza el plazo dado por Rajoy a Puigdemont para que responda si ha declarado la independencia y vuelva a la legalidad. El Gobierno manifestó ayer que no aplicará el artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat convoca elecciones al Parlament de Catalunya, opción que permitirá clarificar la situación con un nuevo escenario. En una huída hacia adelante, el PDeCAT pidió que se levante la suspensión de la independencia que Puigdemont no proclamó, sino que asumió, pero después firmó una declaración en este sentido, fuera del Parlament.

Más alla de la épica y de los sentimientos, la fractura social es enorme, el clima de incertidumbre y de desconfianza que ha provocado el procés ha con gelado la inversión extranjera en Catalunya, ha reducido el consumo interior, la actividad turística cae un quince por cien y las reservas se hallan en un veinte por cien por debajo respecto a las de octubre de 2016. Ni las entidades financieras -las primeras que dieron la voz de alarma, impulsadas por Fainé y Oliu- ni las empresas tenían que marcharse.

Europa debía impulsar la mediación. Pronósticos incumplidos.

Serán independientes, pero más pobres.

 

Preocupa más la gestión que el traspaso

Viernes, octubre 27th, 2017

Afirmó Francina Armengol el 3 de mayo en Menorca, al concluir la cuarta Conferencia de Presidentes, que «el Govern y los consells insulars cerrarán el acuerdo para el traspaso de competencia de promoción turística antes de julio». Sonriente como siempre, la presidenta del tercer Pacte añadió que «permitirá a cada isla desarrollar sus atribuciones en promoción turística de sus territorios con una dotación adecuada».

Después surgieron las voces discrepantes. Podemos, que no está en el Govern pero condiciona la acción del Govern, advirtió a la riallera presidenta que menos recursos para promoción y más partida para evitar los desahucios «que para esto nos presentamos».

Quien lo verbalizó con más contundencia fue el 28 de junio, la vicepresidenta del Consell d’Eivissa, Viviana de Sans (Podemos-Guanyem): «las acciones de promoción turística deberían ser algo del pasado» y pidió su paralización. Naturalmente, finalizó el mes de julio sin que se cerrase el acuerdo anunciado en mayo por Armengol.

DIRECTOR INSULAR, GUÍA Y ANFITRIÓN. Isaac Olives desempeñó esta triple función en la cuarta Conferencia de Presidentes celebrada el 3 de mayo en el Lazareto. Armengol anunció un acuerdo para «antes de julio» que aún no ha aceptado el Consell d’Eivissa

Ya no se puede demorar, porque hay que remitir al Parlament el proyecto de Presupuestos autonómicos 2018.

Tras incumplir el traspaso previsto para el 1 de enero de 2017, Maite Salord (Més) -que el lunes mantuvo una heavy reunión a cara de perro con Miquel Company (PSOE) sobre la feria Arrelsoptó por la ‘vía Biel Barceló’. El aún vicepresidente del Govern ha anunciado la renuncia en diferido de Pere Muñoz como responsable de la Agencia de Turismo de Balears (ATB) tras denunciarlo la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación y tráfico de influencias en el procedimiento penal del ‘caso contratos’ que salpica también a la exconsellera Ruth Mateu y al ex director general Jaume Gomila.

Un millón a repartir
El coste efectivo de la transferencia se fijó en 6,3 millones -uno más que en 2015-, pero sin concretar el incremento anual.

El anterior Govern aumentaba la dotación a 8,3 millones en 2016 y 11,3 en 2017. Pero ni así fue aceptada por el PP-Menorca, al considerarla insuficiente. Santiago Tadeo plantó a Bauzá, mientras el Consell d’Eivissa aceptaba la competencia, pero se encontró con que el actual Govern congeló el incremento pactado a la espera de cerrar un acuerdo con los otros consells.

La solución la hallaremos en los porcentajes de reparto de la parte variable, muy similares a los incluidos en el decreto 45/2015: 18,3 por ciento para Eivissa, 1,6 para Formentera, 10.1 por ciento para Menorca y el 70 por ciento para Mallorca.

La modificación de estos porcentajes, que se hará efectiva con dos fórmulas de reparto, definirá el peso de cada isla. Menorca aspira a obtener dos millones del Govern, a los que añadiría 1,5 del presupuesto propio del Consell, aún cuando Podemos dice que con tres millones (2 Govern + 1 Consell) ya habría suficiente y permitiría liberar 500.000 euros para otros fines. En pie de guerra, el Consell d’Eivissa exige una dotación superior a los dos millones que pide Menorca «porque Eivissa representa el 20 por ciento del turismo en Balears». Después habrá que pasar de los planes a los hechos, o sea, la gestión, y aquí habrá que asignar otros técnicos, más eficaces y competentes, al director insular, Isaac Olives.

Junta de alcaldes
Asistió el alcalde de Es Migjorn, Pere Moll, a la última reunión de la Comisión de Presidentes de Corporaciones Locales. Llegó tarde, pero acudió, aunque el Consell lo castigó, porque la fotografía del encuentro, que difundió la institución insular. no incluyó al primer edil migjorner. A partir de ahora esperamos contar con el relato de lo tratado en estos encuentros a cargo de la señora Salord Ripoll, que en su cuenta de Twitter se define, por este orden, como «Escriptora, professora i vicepresidenta primera del Consell insular de Menorca». Porque hay quienes llaman a terceros para que demoremos la información durante 48 horas. «Troben ossos dins es lleu» y se dedican a buscar «clots i bonys». Divertido realismo mágico.

Convenio insular
La Asociación Hotelera de Menorca no firma el convenio de hostelería de Balears, que incluye aumentos salariales del 17 por ciento para los próximos cuatro años. El rechazo es compartido por la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (PIME) y la Asociación de Restauración de Menorca (CAEB).

En ASHOME el malestar se centra en el pacto, cerrado a espaldas de los menorquines, por Inma de Benito y el conseller Iago Negueruela.

Advierten que tendrá consecuencias en el empleo por la menor rentabilidad de las empresas menorquines, una temporada más corta, los problemas de conectividad y la ralentización de la economía local. De ahí, la reivindicación de un convenio insular específico, que tenga en cuenta la realidad social y económica de Menorca.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Cuáles son las empresas catalanas que han debatido y aprobado el traslado de su sede social a Menorca?

¿Cómo afectará al tráfico urbano de Alaior el cierre del acceso desde la carretera con la circulación de camiones?

¿Se presentarán Joan Pons Torres (Foment Cultural) y Fernando Serrano (Som Menorca, Somos España) a las elecciones de mayo de 2019?

¿Qué día se alcanzará el acuerdo entre propietarios y Ayuntamiento de Ciutadella para ampliar el suelo industrial?

¿Qué medidas piensa aplicar el Govern para evitar que alumnos de Menorca con discapacidad dejen de ir a clase por los problemas en el transporte?

 

Los riesgos y los platos rotos

Miércoles, octubre 18th, 2017

Es Jean Claude Piris (Argel, 1943), descendiente de pieds noirs menorquines que emigraron a Argelia, advierte que «nadie en la UE reconocerá ninguna declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno catalán». Añade que «es peligroso crear falsas ilusiones sobre una independencia unilateral». Es una voz autorizada que pone el acento en una de las realidades que impiden la secesión de Cataluña mediante la proclamación de una república catalana construida sobre un referéndum sin legitimidad.

Porque el antiguo «problema catalán» no se resuelve con hechos consumados, al margen de la Constitución y el Estatut, vulnerando el Estado de Derecho, ni con la insensata huida hacia adelante que emprendieron Puigdemont y Junqueras, abruptamente truncada por la marcha de empresas ante el triple riesgo legal, financiero y comercial de quedarse en Cataluña. La declaración de independencia asusta, crea incertidumbre y genera toda clase de inseguridades.

Con el 1 de octubre hemos perdido todos. Los separatistas no respetaron las leyes, pero supieron construir un relato desde el victimismo, la deslealtad y el sobado «España nos roba», cuando Cataluña no es una colonia. La primera respuesta de Rajoy, desbordado por los acontecimientos, no fue eficaz. Añade Manuel Vilas que «desde la supuesta izquierda que dice representar, Pablo Iglesias no advirtió nunca de que quienes iban a perder en esta crisis eran los trabajadores». Ocultó el líder de Podemos que la independencia crea una inestabilidad económica que perjudica a las rentas más bajas.

En este complicado contexto de platos rotos, la noticia más relevante es el incipiente acuerdo Rajoy-Pedro Sánchez para debatir la reforma de la Constitución en sede parlamentaria. Por aquí.

 

 

 

Las cuestiones que no se debatieron

Viernes, octubre 13th, 2017

La ‘nota de premsa’ difundida por el Consell al término de la reunión celebrada el jueves, en el Ayuntamiento de Sant Lluís, por la Comissió de Presidents de Corporacions Locals de Menorca, antes Junta de Alcaldes. elude los dos temas que causaron más interés y debate entre los munícipes. Aséptica y redactada con frío lenguaje administrativo no menciona ni la preocupación de los alcaldes menorquines por el reparto de los fondos de la ecotasa ni la preocupación que suscita en sus respectivos ayuntamientos la derogación parcial (?) de la Norma Territorial Transitoria.

LAS DOS VICEPRESIDENTAS, CARA A CARA. La reunión de la Junta de Alcaldes celebrada el jueves -a la que no asistió el primer edil de Es Migjorn- nos permite conocer cuál es el puesto que la vicepresidenta primera del Consell asigna a la vicepresidenta segunda, sentada en posición de equilibrio inestable y con cara de supino cabreo.

Ambas cuestiones fueron planteadas por la alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes, que encontró el apoyo y la comprensión de otros primeros ediles, interesados, lógicamente, en la repercusión que tendrán para sus respectivos municipios. Pero la vicepresidenta primera, Maite Salord, echó balones fuera al señalar que estos «temas políticos» no figuraban en el orden del día. Los alcaldes de Menorca, que se quedaron sin el ‘dret a decidir’, están muy escaldados después de haber sido presionados, el año pasado, para presentar proyectos al Govern con la promesa de obtener fondos con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible. Los técnicos municipales tuvieron que hacer horas extras para cumplir los plazos exigidos.

Al final, no fue aceptado ningún proyecto de los ayuntamientos menorquines, con la circunstancia -aún no aclarada- de que diez de los cuarenta millones recaudados con la ecotasa de 2016 quedaron sin distribuir. Todo apunta a que han ido a gasto corriente.

Más lentejas a pagar
Desoye el Consell las advertencias sobre los impactos, repercusiones y consecuencias de la derogación de la Norma Territorial, que además de preocupar a los alcaldes al afectar -léase impedir- proyectos e inversiones en marcha, está causando desazón y malestar en organizaciones profesionales. Son los agentes económicos y los empresarios que asumen riesgos y responsabilidades -financieras, fiscales, laborales y mercantiles- quienes impulsan la economía.

Corresponde a las adminisstraciones fijar las reglas de juego, fijar marcos estables y garantizar tanto la seguridad como la eficacia jurídica. Los vaivenes y bandazos normativos generan incertidumbre y ocasionan la huída de los inversores y los empresarios. Sin ellos no hay actividad económica. No se trata de augurar «cataclismos catastróficos», pero ya sabemos los menorquines quienes hemos acabado pagando el coste de sentencias como la del ‘caso Cesgarden’ y otros asuntos similares. Con la derogación de la Norma Territorial se repite la historia, a mayor provecho de procuradores y de los bufetes de abogados expertos en Derecho Urbanístico y Administrativo, que ya preparan sus demandas y más carga de trabajo para la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears. La que preside el magistrado menorquín Gabriel Fiol que condenó al Consell de Menorca por las costosas lentejas de Cesgarden.

Los núcleos rurales
Alarma a los alcaldes la supresión del artículo 32 de la Norma Territorial, que posibilitaba la regularización de los núcleos rurales consolidados. Mientras hay quienes están recibiendo multas de 8.500 euros/mes pero no pueden legalizar sus construcciones en estos núcleos porque debe aprobarse un plan especial. El artículo 32 obligaba a los ayuntamientos a redactarlo a partir de enero de este año, y al Consell, a partir de enero del 2018. Con su derogación se elimina esta obligación legal y se vuelve a dejar a los propietarios como hasta ahora, al albur, en un bucle ruinoso y sin salida. Quede claro que fue Mateu Martínez quien registró una instancia en la que pidió ser relevado, por razones de salud, como asesor jurídico de la Presidencia del Consell.

Exigencias lingüísticas
Mae de la Concha (Gijón, 1954) releva a Alberto Jarabo en la secretaría general de Podemos Balears, desbancando a la crítica Laura Camargo, que partía como favorita. Gana el aparato del partido.

De la Concha vino a Menorca en 1980. Se instaló en Ciutadella, donde regentó La Torre de Papel. Se incorporó a Podemos y en 2005 fue elegida diputada por Balears, pero tuvo que ceder el primer puesto al juez Juan Pedro Yllanes. Porque a pesar de ganar Mae las primarias, Pablo Iglesias impuso al juez mediático. La candorosa de la Concha no protestó. Reelegida diputada en junio de 2016 confiesa: «Si fuéramos una pizzería, sería el chico de la moto». Hoy conduce la moto de Podemos en Balears y circula por las rutas que marca Iglesias en un sidecar con Jarabo como pasajero. Su lema es «o gobiernas o solo recoges miguitas». Armengol ya sabe que no sufrirá con la asturiana-menorquina, la cara amable de Podemos en Balears.

 

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Lograrán Maite Salord e Isaac Olives convencer a Air Nostrum para que cubra la ruta invernal con Londres tras la quiebra de Monarch?

¿Por qué la Conselleria de Medi Ambient aún no ha empezado a limpiar los torrentes, con un retraso de tres meses?

¿Cuándo piensa actuar el Consorci de Residus de Menorca para eliminar los 76 vertederos incontrolados detectados en toda la Isla?

¿Cuándo cubrirá el Govern las plazas de fisioterapia educativa para alumnos menorquines, demandadas por sus padres?

¿Por qué incumplen Ara Maó y PSOE el compromiso de impedir la apertura de los ‘súpers’ en los domingos de invierno?

El interés general de Soriano

Martes, octubre 10th, 2017

En el pleno del Consell del 16 de octubre PSOE, Més y Podemos derogarán partes y artículos de la Norma Territorial Transitoria (NTT) aprobada en diciembre de 2014 por el anterior gobierno insular del PP.

Según Eduard Soriano Vives, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que hoy ejerce como director de Ordenación Territorial en el gobierno tripartito del Consell, esta modificación en el principal instrumento de planeamiento urbanístico de Menorca se aplica en virtud del modelo implantado por el Plan Territorial Insular (PTI) que fue aprobado hace catorce años, sin acuerdo político ni consenso social, por PSOE, PSM y EM-EU.

Sotiene Soriano que el segundo motivo que justificaría la derogación parcial de la NTT es la prevalencia del interés general, pero hoy, como en 2003, tampoco hay acuerdo. Porque el Colegio de Arquitectos, el Partido Popular, la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias de Menorca (Agrame) y el Colegio de Arquitectos Técnicos ya se han pronunciado en contra de este enésimo cambio.

Voces ecuánimes y con experiencia, como de la Enric Taltavull, advierten del colapso de inversiones que provocará esta modificación, deben recordar que el marco legislativo ha cambiado en estos catorce años y que las propuestas de los profesionales de la Arquitectura de Menorca no van en contra del modelo territorial del PTI. Llegados a este punto habrá que preguntar a Eduard Soriano si el interés general al que alude consiste en la paralización de ocho proyectos en marcha que ahora se verán afectados y no podrán ejecutarse. ¿Qué garantías y qué confianza transmite el Consell a quienes decidieron invertir en Menorca y constatan, con asombro, que les cambian las reglas de juego a mitad del mandato?

 

 

 

La batalla por la Norma Territorial

Miércoles, octubre 4th, 2017

Dos años y cuatro meses después de las «Mesures dels 100 primers dies de govern al Consell de Menorca», que en junio de 2015 presentaron PSOE, Més per Menorca y Podemos, el próximo martes pondrán sobre la mesa, en comisión, la derogación de la Norma Territorial Transitoria que fue aprobada por el anterior gobierno insular del PP.

Entre aquellas medidas para los primeros cien días figuraba «suspender, inmediatamente, de forma cautelar aquellos aspectos desreguladores y contrarios a la sostenibilidad de la NTT para evitar daños irreparables al territorio e iniciar la revisión del PTI».

EL EQUIPO DE LA NORMA TERRITORIAL. La consellera Marta Vidal con el anterior equipo de la Conselleria de Ordenación del Territorio que logró aprobar la Norma Territorial Transitoria ahora objeto de disección por el actual gobierno del Consell que ha fulminado a Mateu Martínez (PSM) como asesor jurídico de Presidencia.

Después de los meses de retrasos e incertidumbres de Cristóbal Huguet, que al final presentó su renuncia pactada al presidente Tadeo, fue la hiperactiva Marta Vidal quien logró que prosperase la NTT en el pleno celebrado tres días antes de la Navidad de 2014. Aquel 22 de diciembre la consellera Vidal explicó los objetivos de la Norma: «adecuar el Plan Territorial Insular a la nueva legislación, dotar de mayor autonomía a los municipios de Menorca y favorecer el desarrollo socioeconómico de la Isla sin modificar los límites de crecimiento y sin generar mayor capacidad de población». Para ello se facilitaba el cambio de uso de edificaciones ya existentes en rústico, eran suprimidos varios trámites administrativos y reforzados los planes directores sectoriales.

Los cambios que vienen
Arranca ahora la batalla por la derogación de la Norma Territorial, con aspectos clave como el alcance de la retroactividad de sus disposiciones, la anulación de los cambios de uso y la afectación sobre los agroturismos. La aplicación literal de los nuevos criterios provocará la caída y/o paralización de los proyectos hoy en marcha, porque sólo se salvan las licencias -no las declaraciones de interés general- que hubieran tenido entrada, con toda la documentación, hace más de tres meses.

Los agroturismos que llevan un año y medio de tramitación no superarán la criba. También se verán afectadas inversiones en proyectos agrícolas por esta modificación de la Norma Territorial que, tal como ha sido concebida y planteada, es terreno abonado para demandas y recursos. O sea, una vez más quienes tendrán la última palabra serán los jueces y magistrados de lo Contencioso, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Y de todo ello en Menorca tenemos amarga y muy costosa experiencia.

Exigencias lingüísticas
Sostiene la portavoz del Govern, Pilar Costa, que a los altos cargos del IBSalut «no se les exige el catalán como requisito para acceder porque no son funcionarios ni empleados públicos». Añade la consellera ibicenca que la Ley de la Función Pública se aplica exclusivamente a los empleados públicos, pero olvida Costa que todos los funcionarios son empleados públicos, pero no todos los empleados públicos son funcionarios.

No debe recordar Costa que los políticos en ejercicio -tanto los electos como quienes han sido designados después, léase directores generales- desempeñan una función pública, de forma que funcionario electo es el que accede a su cargo en virtud de una elección (cargo político). Al ejercer su actividad en la administración pública deberían acreditar el mismo nivel de competencia lingüística que exigen a los médicos y las enfermeras.

Esta controversia se suscita tras expresar el sindicato de Enfermería SATSE su rechazo el proyecto de decreto del Govern que regula la exigencia del catalán al personal del IB-Salut, al excluir a más de 3.500 enfermeras. SATSE y el SIMEBAL denuncian que el decreto ha sido impuesto por el Govern y exime del requisito a jefaturas de servicio, directivos, mandos intermedios y cargos de libre designación. Entre otros, el director general del IBSalut, Juli Fuster, marido de la consellera de Salut, Patricia Gómez.

Entre dos oposiciones
El nuevo escenario municipal en el Ayuntamiento de Es Migjorn coloca al alcalde Pere Moll en una difícil situación de equilibrio inestable entre dos oposiciones: la del PP, que, a pesar de los acuerdos puntuales con Moll, no ha aceptado entrar en la Junta de Gobierno ni las tenencias de alcaldía; y la del PSOE, que ha pasado de formar parte del gobierno municipal con mayoría absoluta al principio del mandato a ejercer la oposición.

El PP de Es Migjorn, cuya presidencia desempeña Antonia Camps, no ha retirado las denuncias contra el primer alcalde que se sustancian en sede judicial. Ahora el PSOE, que ha recuperado al exalcalde Pere Riudavets en el grupo municipal socialista, dirá si apoya o se desmarca de las propuestas exigidas por Ramón Verdú, Manolo Triay -también exalcalde- y Miquel Camps a Pere Moll relativas a la recepción de la urbanización Sant Tomàs, la bajada del IBI y la canalización de las aguas procedentes de los filtros, un grave problema que fue denunciado por el PP mucho antes que el PSOE.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Qué medidas promoverá el Consell para incentivar Menorca como destino turístico durante la temporada baja y atraer visitantes?

¿Conseguirá el Nàutic Ciutadella hallar candidato a la presidencia antes de Sant Antoni, como pide Tolo Carrasco?

¿Qué repercusiones tendrá la aprobación del convenio de hostelería a espaldas de los empresarios de Menorca?

¿Prosperará la demanda del alcalde de Es Migjorn contra el PSOE y conseguirá que sea anulada su expulsión así como las sanciones impuestas?

 

 

¿Entrará en funcionamiento en abril del próximo año la desaladora de Ciutadella como anuncian Govern y Ayuntamiento?