La comparación Ses Covetes/Cesgarden

El pago de los 29 millones de euros que cuesta al Consell de Menorca -o, sea, recursos públicos- la ‘sentencia Cesgarden’, cantidad a la que los promotores quieren añadir once millones más por otros conceptos, llegará el martes al Parlament balear. El pleno debatirá una proposición del PSOE, cuyo autor es Marc Pons, en la que pide «ajuda al Consell insular per fer front a la sentència condemnatòria». Concretamente, al Govern balear y el Gobierno de España. Seguimos hablando de recursos públicos.

En la proposición no de ley, el expresidente del Consell, hoy diputado autonómico, incluye una afirmación sensacional: «és evident que la sentència judicial relativa a Cesgarden qüestiona el model territorial fins ara consolidat, posant així en perill un dels principals actius de la nostra Illa». Pero, ¿no habíamos quedado que la Sentencia 338/2011 del Tribunal Superior de Balears era un caso aislado, que no cuestionaba el PTI, avalado por más de cincuenta resoluciones de este mismo tribunal?, ¿no ha reiterado el PSOE que esta ‘flor-sentència no fa estiu’? ¿A qué se debe este sorprendente cambio de criterio?

SONRISAS Y LAGRIMAS.   En esta fotografía, del 25 de abril de 2014, aparecen tres de los cuatro protagonistas del gran drama que vive el PSOE-Menorca. Las sonrisas de entonces tapan las lágrimas de ahora. El expresidente del Consell Marc Pons aspira a  liderar la candidatura del PSOEal Parlament por Menorca; Armengol le apoya, pero no Tur. El cuarto protagonista es una mujer

SONRISAS Y LAGRIMAS. En esta fotografía, del 25 de abril de 2014, aparecen tres de los cuatro protagonistas del gran drama que vive el PSOE-Menorca. Las sonrisas de entonces tapan las lágrimas de ahora. El expresidente del Consell Marc Pons aspira a liderar la candidatura del PSOEal Parlament por Menorca; Armengol le apoya, pero no Tur. El cuarto protagonista es una mujer

Falsedades documentales
También sorprende que el Grupo Socialista acuse, en sede parlamentaria, a Cesgarden de haber aportado «falsedades documentales» en un proceso judicial. El delito por el que se querelló la Fiscalía Anticorrupción -a la que se adhirió el Consell- era por estafa procesal y no por falsedad. Con independencia de este «detalle», que solo supone la diferencia de unos años de prisión, ¿no concluyeron el Juzgado de Instrucción y la Audiencia que en la tramitación del ‘caso Cesgarden’ no se había producido ningún delito? Esperamos la interpretación de esta insólita manifestación del PSOE, de naturaleza calumniosa, en la medida que imputa la comisión de un delito con conocimiento de su falsedad.

Demolición en Campos
El fondo de la cuestión es la comparación entre ses Covetes y Cesgarden. En el primer caso, el Tribunal Superior ordenó la demolición de 68 chalés construidos en ses Covetes i es Trenc en Mallorca. Marc Pons propone ahora que el Govern ayude a pagar la sentencia del ‘caso Cesgarden’ porque esta misma administración ha concedido ayudas «per fer front a gravoses sentències judicials (com ara la de ses Covetes al municipi de Campos, on el Govern de les Illes Balears abonà íntegrament una sentència condemnatòria que requeia sobre l’ajuntament)». Solo la oración entre paréntesis contiene tres inexactitudes y desactivan el argumentario.

En primer lugar, la sentencia de ses Covetes no condenó al ayuntamiento de Campos a pagar, sino a demoler unas construcciones declaradas ilegales.

Para ejecutar este derribo se firmó un convenio a tres bandas: Govern, Consell de Mallorca -a través de su Agència de Protecció de la Legalitat urbanística- y el ayuntamiento de Campos. En virtud de este convenio tripartito, el coste de la demolición fue repartido entre el Govern (75 por ciento), el ayuntamiento (25 por ciento) y el Consell de Mallorca, que se encargó de ejecutar el derribo y la restauración de los terrenos a su estado original.

Ello no implica que esta fórmula se pueda aplicar en otros casos, pero no admisible -en términos de dialéctica parlamentaria y, sobre todo, en el ámbito jurídico, donde se mueve gran parte de esta proposición del Grupo Socialista- la comparación de dos situaciones totalmente diferentes: una sentencia de contenido dinerario y otra sentencia, de casuística  y fundamentos de derecho distintos, que condena a la demolición de unas obras ilegales.

La comparación es un coste de 500.000 euros por la demolición en ses Covetes y de 30 millones en el ‘caso Cegarden’  por la vulneración de unos derechos urbanísticos con una tasación de la indemnización que nunca recurrió el Consell. El ayuntamiento de Campos frente al Consell de Menorca. Habrá que estar atentos al debate del martes.

Basuras a Mallorca
Menorca -a diferencia de Mallorca, que incinera- optó por la fórmula de la separación en origen de los residuos, el reciclaje y la transformación de la materia orgánica en compost en la planta de Milà. Los problemas registrados han obligado al consorcio formado por el Consell y los ocho ayuntamientos a incinerar las basuras en Son Reus. Hay que averiguar quién está muy interesado -fuera de Menorca- en clausurar Milà para llevar las basuras menorquinas a Mallorca. Muchos intereses en juego.

Antonio Gomila Pons
El empresario discreto que supo ver la dureza de la recesión

Como otros industriales, empresarios y promotores de Menorca, practica la discreción. Antonio Gomila es un autodidacta que, con esfuerzo, creó una gran empresa que da trabajo a numerosas familias. Afronta las dificultades de la crisis y solo él, y el equipo humano que participa de sus inquietudes, conoce la dureza de la recesión, que intuyó. Aunque sabe que está en el ojo del huracán, prefiere pasar desapercibido y dedicar su tiempo a la familia, las responsabilidades profesionales y sus amigos. Leal, cumple con la palabra dada, es injustamente criticado por unos y envidiado por otros. Pero hay muchos más que valoran su trayectoria empresarial, los puestos de trabajo que mantiene y todas las entidades menorquinas a las que apoya. Antonio Gomila prefiere no salir en los papeles, pero hay que reconocer su papel clave para reanudar las obras de la carretera en el tramo Maó-Alaior.

Rafael Catalá Polo
De «imputado» a  «investigado» y «encausado» en casos penales

La aportación más relevante de Rafael Catalá durante su paso por el Ministerio de Justicia -tras desempeñar la Secretaría de Estado de Fomento y conocer a fondo la reivindicación del mejora del transporte aéreo en Balears- consiste en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Reduce los plazos de la instrucción judicial a 6 meses para las causas ordinarias y 18 para los sumarios más complejos. Además, el juez no podrá prorrogar los plazos de instrucción si no lo pide el fiscal, el único que podrá reclamar la ampliación de las investigación más allá de los límite que fija esta reforma. En el plano político sobresale la sustitución del término «imputado», que tantas connotaciones y decisiones ha motivado, por «investigado» durante la fase de instrucción, pero cuando se dicte auto formal de acusación el investigado se convertirá en «encausado». Con estos nuevos conceptos se pretende acabar con la asociación de «imputado» a una preculpabilidad.

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Qué propuestas pondrá sobre la mesa el presidente de Globalia, José Hidalgo, en su encuentro con el Cercle d’Economia?

¿Qué lugar ocupará Silve Pons en la candidatura de Més al Ayuntamiento de Ciutadella?

¿Volverá a veranear este año Albert Rivera a Menorca como el 2014?

¿Formará parte el expresidente de la Societat Martí i Bella de alguna lista electoral del 24-M?

¿Por qué Menorca registra las mayores reservas hídricas de Baleas y ha logrado en febrero el récord (73 por ciento) de la década?

Leave a Reply