Fiol aún espera el peritaje del Consell

Muy a su pesar, como menorquín, pero riguroso y exigente como magistrado -dura lex, sed lex- el juez Gabriel Fiol Gomila fue ponente de la sentencia dictada el 5 de mayo de 2011 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balears. 17 días antes de las elecciones municipales y autonómicas cuyos resultados otorgaron al PP el gobierno del Consell y los ayuntamientos de Menorca, excepto Es Mercadal y Es Migjorn Gran. Es la sentencia del ‘caso Cesgarden’ que condenó a la institución insular a indemnizar al entramado Siteme-Cesgarden con 16,5 millones de euros, cantidad a la que debían sumarse los intereses meritados desde el 25 de abril de 2003, fecha de aprobación del Plan Territorial Insular (PTI). El resultado final de la cantidad a abonar quedó fijada en 28,8 millones. Ahora la Fiscalía Anticorrupción -tras la denuncia presentada por el Consell en abril- se ha querellado contra el empresario hotelero mallorquín Miquel Ramis Puigrós, presidente del grupo Cesgarden, y también contra el arquitecto menorquín Miquel Barca Mir, responsable de Siteme.

EL EQUIPO DE LA NORMA TERRITORIAL TRANSITORIA.  María de la Paz Mañes, directora insular; Mateu Martínez, jefe de sección; la consellera Marta Vidal, abogado, Santiago Udaeta, arquitecto, jefe de servicio de Planificación Urbanística; y Elisabet Fiol, arquitecta, integran el equipo que ha redactado la Norma Transitoria. FOTO: GEMMA ANDREU.

EL EQUIPO DE LA NORMA TERRITORIAL TRANSITORIA. María de la Paz Mañes, directora insular; Mateu Martínez, jefe de sección; la consellera Marta Vidal, abogado, Santiago Udaeta, arquitecto, jefe de servicio de Planificación Urbanística; y Elisabet Fiol, arquitecta, integran el equipo que ha redactado la Norma Transitoria. FOTO: GEMMA ANDREU.

«Ninguna aclaración»
El juez Fiol esperó hasta el último momento, antes de redactar la sentencia, con el propósito de determinar el valor económico de las 128 plazas hoteleras que habían quedado suprimidas con el PTI. El magistrado menorquín esperaba el peritaje alternativo del Consell para contrarrestar el que había entregado Cesgarden, pero este informe crucial no llegó nunca al Tribunal Superior de Balears. Así lo recoge la sentencia: «interesada prueba pericial, el perito designado judicialmente ha tomado en consideración que el valor económico de la supresión del derecho a 128 plazas hoteleras en hotel de 5 estrellas supone la cantidad de 16.114.162 euros». A continuación indica: «ninguna aclaración al dictamen pericial interesó la representación del Consell insular de Menorca sobre este apartado, ni tampoco se valora su contenido en el escrito de conclusiones, por lo que no disponemos de razones para que, y a pesar de la importancia de la suma resultante, se fije otra distinta». Gabriel Fiol no lo podía expresar ni más claro ni más alto. Cesgarden, en su último recurso, reclamó una indemnización total de 39,4 millones de euros que el Tribunal Superior redujo a los 16,5 más intereses legales, porque el Consell no alegó ni cuestionó el único informe pericial. Pero a los 28,8 millones en que quedó fijada la cantidad a pagar por el Consell debemos añadir otros tres conceptos, aún no cuantificados: el valor de los terrenos de Son Bou adquiridos por la promotora a instancias del anterior gobierno PSOE-PSM; la cesión del 10 por ciento de aprovechamiento medio al ayuntamiento de Alaior; y finalmente, el coste de planos y el trabajo de los profesionales que intervinieron en la redacción y tramitación del proyecto del fraude y la estafa.

Casación y nulidad
El día del sorteo de la Lotería de Navidad del 2011, con gobierno Tadeo, al Consell le volvió a tocar el ‘Premio Gordo’: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2011 por el juez Fiol Gomila. El magistrado Mariano de Oro-Pulido López fue el ponente de esta decisión del Supremo. Y con interlocutoria de 10 de mayo de 2012, esta misma sección del alto tribunal desestimó el incidente de nulidad de actuaciones planteado contra la desestimación del recurso de casación, con ponencia del mismo magistrado. O sea, el Supremo ha confirmado dos veces la ‘sentencia Cesgarden’ del Tribunal Superior. Añadamos que el 4 de julio de 2012, el Consell interpuso ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo 4100/12 contra estas dos interlocutorias del Supremo. Ahora ya actúa el fiscal.

Desmarque del PSM
En octubre de 2013, después de haber tenido acceso al ‘informe Olleros’, el PSM, que había formado parte del gobierno que tramitó el ‘expediente Cesgarden’, pero no gestionaba el área de Urbanismo, empezó a desmarcarse al admitir que la sentencia condenatoria, dictada por Gabriel Fiol, magistrado de sólida formación y trayectoria profesional impecable, «evidencia la posible comisión de errores en la estrategia de defensa». Errores que, según los nacionalistas, resultan de «difícil comprensión». Es un proyecto transformado en un caso de picaresca jurídica y pillería urbanística. Porque de, responsables, haberlos, haylos; algunos de ellos in vigilando. Ha quedado claro que no tenía ningún sentido aquella pretensión de denunciar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasbugo.

Fernando Mateas
Guerrillero del derecho penal que destripa el caso Cesgarden

Estudió Derecho a caballo entre Palma y Barcelona, pero acabó la carrera en Granada en 1982. Poco después, Fernando Mateas Castañer empezó a ejercer en Mallorca, en el despacho de Pau Mas, para dedicarse a «penal, penal y más penal». Es un profesional respetado por su capacidad de trabajo, brillantez oratoria y riqueza argumental. Le encanta la exposición oral y el debate dialéctico. Acertó el gobierno del presidente Tadeo al encargarle la estrategia jurídica del ‘caso Cesgarden’ porque estaba claro que lo ocurrido rebasaba el puro ámbito administrativo y entraba de lleno en el delictivo. Demasiadas irregularidades. Mateas, que ha intervenido en los casos de corrupción política de Balears, remitió al fiscal Pedro Horrach, en nombre del Consell de Menorca, un resumen riguroso del más grave escándalo urbanístico-jurídico de Menorca. Esto no ha hecho más que empezar. Fernando Mateas sabe hasta dónde puede llegar.

Luciano Parejo
Los errores en la defensa del Consell que valen 29 millones

Considerado un experto en Derecho Administrativo, Luciano Parejo -con una larga relación con Menorca que incluye su participación en las ‘tertúlies d’estiu des Mercadal’-, fue designado por el anterior gobierno del Consell para dirigir la defensa letrada de la institución insular en el contencioso interpuesto por SITEME contra el PTI de 2003. Los abogados no están sujetos a una obligación de resultados, pero sí a una obligación de medios, o sea, actuar con toda diligencia. En el ‘caso Cesgarden’ se produjo una infracción desde el momento que el recurso de casación del Consell contra la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justícia de Balears no fue admitido por errores de forma, tal como afirma el Tribunal Supremo en dos ocasiones. El catedrático Parejo debe muchas explicaciones a los menorquines, concretamente por una mala defensa con el nefasto resultado de una costosa indemnización. La Fiscalía Anticorrupción investiga.

PREGUNTAS DE LA SEMANA
¿Por qué acordó el Consell encargar al penalista Fernando Mateas el diseño de la estrategia del ‘caso Cesgarden’ ante la Fiscalía?

¿Qué día decidió el fiscal Pedro Horrach desplazarse a Menorca para las  testificales de Cesgarden’?

¿En qué consistirán las próximas diligencias y quiénes serán citados para prestar declaración?

¿A qué hora y quién informó a Miguel Barca en Nueva York de la actuación del fiscal Anticorrupción?

¿Qué datos aportó la consellera Marta Vidal al fiscal Horrach para proseguir la investigación?

 

 

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